Domingo Blanco Tarrés, casado, 1 hijo, militante socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, en las proximidades del Palacio de La Moneda. Fue detenido por Carabineros en las afueras de la Intendencia de Santiago, junto con otros 13 miembros del GAP y conducido a la sexta Comisaría de Carabineros, al Cuartel de Investigaciones y a la Cárcel Pública de Santiago, desde la cual fue sacado desapareciendo hasta la fecha.

Domingo Blanco Tarrés era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de Amigos Personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República. Era el Jefe del dispositivo de seguridad desde 1972 y en estas actividades era conocido por "Bruno, el Blanco". El día 11 de septiembre estaba con un grupo de miembros de la Guardia Presidencial en el recinto presidencial El Cañaveral.

El 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11:00 horas de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

Los miembros del GAP que quedaban en El Cañaveral, entre ellos Domingo Blanco Tarrés, después de poner a salvo a las personas que allí vivían, se dirigieron a La Moneda. Era un grupo de 14 personas que se movilizaban en una camioneta y un automóvil, entre las que se encontraba el estudiante universitario, Enrique Ropert Contreras, que había ido a dejar a su madre. Al llegar a la Intendencia de Santiago, a las 8:45 horas aproximadamente, fueron detenidos por efectivos de Carabineros.

Los esfuerzos de Miria Contreras por liberar a su hijo Enrique Ropert y a los miembros de la Guardia Presidencial fracasaron, a pesar de que hicieron gestiones el General Urrutia, Subdirector de Carabineros y hasta el propio Presidente Allende, ya que los Carabineros que estaban en la Intendencia no acataron las órdenes.

Esta detención está relatada con detalles en el artículo "El día en que cambió la historia de Chile" publicado en la Revista de Carabineros y escrita por el Teniente de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, que participó en la detención. Allí se relata: "Repentinamente, por calle Moneda aparecieron una camioneta y otros vehículos, en cuyo interior viajaban miembros de la Guardia Personal del Presidente. Era el GAP que llegaba de refuerzo. No dudamos en lo que debíamos hacer; corrimos a detenerlos, les rodeamos y ellos trataron de resistirse; pero el hielo de las bayonetas les impidió todo intento de hacer uso de sus poderosas armas". Más adelante señala: "Eran éstos los primeros prisioneros de las operaciones de ese día". Finalmente el cronista registra "...nos permitió iniciar la marcha en medio del fragor de las balas y dirigirnos al Cuartel a hacer entrega de los prisioneros." Este artículo apareció en el N°222 de octubre de 1973 de la Revista Carabineros de Chile.

Entre estas personas detenidas por Carabineros se ha logrado identificar a Domingo Blanco Tarrés, Williams Ramírez Barría, Gonzalo Jorquera Leyton y Carlos Cruz Zabala. Se sabe que los dos primeros están desaparecidos y los otros dos fueron ejecutados, además del estudiante Enrique Ropert Contreras que también fue ejecutado. Es probable que en este grupo estuvieran Alberto Morales Dahamen, Pedro Garcés Portigliati, Manuel Castro Zamorano y Héctor Daniel Urrutia Molina, los que están desaparecidos en relación a los hechos de La Moneda, aunque no hay certeza si formaban parte del grupo que desapareció desde el Regimiento Tacna o del grupo detenido por Carabineros.

La detención de estas personas por parte de Carabineros fue fotografiada por reporteros gráficos de El Mercurio, en el momento en que eran subidos a los buses para trasladarlos a la Sexta Comisaría.

El jefe de los detectives de La Moneda, Juan Seoane, que es uno de los sobrevivientes de La Moneda, detalla estos hechos: "Vi llegar unas camionetas desde 'El Cañaveral'...". "Los hicieron entrar a todos a la Intendencia." ...Sé que estuvieron en Investigaciones donde los trataron muy mal. Todos murieron."

Por su parte el detective David Garrido Gajardo, que estaba en la puerta de La Moneda, señala que el observó como detenían a Domingo Blanco y a los otros miembros del GAP que habían llegado hasta la Intendencia.

Conforme a la información recuperada, se sabe que los prisioneros de Carabineros fueron conducidos a la Sexta Comisaría Institucional. El Coronel de Ejército Pedro Espinoza intentó llevarse a los prisioneros pero no lo consiguió. El 13 de septiembre, un Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, premunido de una orden del Consejo de Guerra, los condujo al Cuartel de Investigaciones, donde los torturaron. Los cadáveres de tres de ellos, incluyendo a Enrique Ropert, fueron encontrados algunos días después en el río Mapocho, a la altura del Puente Bulnes. Los restantes miembros de la Guardia Presidencial de este grupo están desaparecidos.

El Teniente Coronel de Carabineros, José Baudilio Martínez Maureira, que era Teniente el 11 de septiembre de 1973 y que estaba a cargo del destacamento de la Intendencia, en declaración judicial manifestó que había hecho los oficios con las individualizaciones de los detenidos y declaró que éstos habían sido enviados a la Sexta Comisaría. El jubilado de Carabineros, Jorge David Retamal Berríos que era Mayor de Carabineros, declaró que, como Comisario de la Sexta Comisaría, el 11 de septiembre a las 11:00 horas aproximadamente, recibió 10 u 11 prisioneros pertenecientes al GAP; al día siguiente, el mencionado Mayor Espinoza intentó llevarse los prisioneros, pero él no lo autorizó. El 13 de septiembre los presos fueron entregados al Oficial de la FACH por ordenes del Consejo de Guerra, todo lo cual quedó registrado en los libros pertinentes.

Blanco Tarrés fue el único que fue enviado a la Cárcel pública el 13 de septiembre de 1973, donde permaneció hasta el 19 de septiembre, fecha en que fue llevado por una patrulla militar a un destino desconocido, aunque la pena a que fue sentenciado parece ser de 10 años de prisión.

El Alcaide de la Cárcel Pública, Santos Armijo López informó el 8 de mayo de 1974 que el afectado ingreso al establecimiento el 15 de septiembre de 1973 y que quedó en libertad el 19 de septiembre del mismo año.

Los restantes miembros de la Guardia Presidencial y otras personas, permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron golpeados y finalmente conducidos al Regimiento Tacna.

Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacadas desde dicho centro asistencial por Militares, permaneciendo desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos.

Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros de La Moneda permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los Militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de todos los prisioneros.

Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

Estas personas fueron llevadas en un camión militar a Peldehue donde, según testimonios indirectos, fueron ultimados.

Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12:00 horas de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

La familia del afectado sufrió múltiples persecuciones, su hogar fue allanado y saqueado por agentes, perdiendo todos sus enseres. En noviembre de 1973 se le citó a Investigaciones porque había un proceso por internación ilegal de armas en contra de su cónyuge. Finalmente la cónyuge e hija del afectado debieron refugiarse en Italia. La cónyuge falleció en el exilio.

Los miembros de la Guardia Presidencial que fueron detenidos por Carabineros frente a la Intendencia, fueron conducidos a la Sexta Comisaría y después al Cuartel de Investigaciones, que había sido ocupado por el Ejército. Allí fueron sometidos a torturas. Blanco Tarrés fue separado del grupo y enviado a la Cárcel Pública de Santiago, desde donde fue sacado el 19 de septiembre fecha a partir de la cual permanece en calidad de detenido desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 28 de noviembre de 1973 la cónyuge del afectado fue a la Primera Fiscalía Militar, allí le leyeron una lista de las personas que estaban en un proceso junto a su marido: Enrique Ropert, Williams Ramírez, Mario Jorquera Leyton y otros. El 5 de diciembre de 1973 el Fiscal le informó que se había aplicado una pena de 10 años, aunque hizo un gesto indicando que se le había ejecutado. El actuario le señaló que debía solicitar reabrir el proceso porque en la causa el afectado aparecía con el nombre alterado y que era necesario hacer la corrección para obtener el certificado de defunción. Se le señaló que el proceso era el 1-73.

El 26 de diciembre de 1976, a solicitud de la cónyuge del afectado, Sergio Arellano Stark, General de Brigada Comandante en Jefe de la II División del Ejército emitió un documento del siguiente tenor: "Certifico que no consta el fallecimiento del ciudadano Domingo Blanco Tarrés en algún proceso que se haya instruido o que se instruya por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra de esta Guarnición".

El 23 de marzo de 1974 se presentó un recurso de amparo por 131 personas, entre las cuales estaba el afectado.

El 24 de septiembre de 1974 se presentó denuncia por presunta desgracia ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago.

En el proceso 16.338-2 llevado a cabo por la muerte de Manuel Cantú Salazar, fue llamado a declarar Patricio de la Fuente Ibar, quien fuera el Teniente de Carabineros que detuvo a Blanco Tarrés. En la declaración judicial señala: "...procedimos a detener y hacer pasar al interior de la Intendencia a las dependencias de Carabineros a unos 12 a 14 personas. Entre esas personas iba Blanco Tarrés". Más adelante agrega: Yo no conocía a las personas integrantes del GAP, solamente los conocía físicamente, pero realmente a quien conocía era a Blanco Tarrés". Esta declaración fue hecha el 6 de julio de 1990.

En otro proceso, el 16.805 llevado en el Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago por una querella criminal por la muerte de Enrique Ropert Contreras se hicieron consultas sobre Domingo Blanco Tarrés. En este proceso, el juez titular del Vigésimo Juzgado del Crimen, por oficio 549 del 15 de marzo de 1988 solicitó que en el plazo de 5 días el Ministro de Defensa remitiera la causa tramitada en septiembre de 1973 en contra de Domingo Blanco Tarrés. El Subsecretario de Guerra respondió el 20 de julio de 1988 que no existen antecedentes en los archivos sobre la causa indicada.

La solicitud se refiere a Domingo Blanco Tarrés y según información señalada antes, el proceso se hizo en contra de Domingo Blanco Torres, aunque el nombre correcto es Domingo Blanco Tarrés.

El primero de febrero de 1991 se interpuso querella criminal por secuestro ante el Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Chile solicitando que se acumule con una denuncia presentada en 1990 en el mismo Juzgado, se requiere que se investigue acuciosamente para establecer la actual situación y paradero de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y que se determinen las responsabilidades penales de quienes se encuentren involucrados en su desaparición. Además se solicita oficiar a diversas instituciones para verificar la detención, posible defunción e inhumación del afectado. También se pide solicitar a la Comisión Verdad y Reconciliación la información acumulada. Esta causa se tramita con el Rol N° 156062 y afines de 1992 se encuentra en tramitación en estado de sumario.

La cónyuge del afectado, fuera de hacer las consultas en las Fiscalías Militares como se ha señalado, hizo gestiones ante el Regimiento Tacna, Academia de Guerra de Valparaíso, Escuela Militar, Servicio de Inteligencia Militar, Penitenciaría de Santiago, Regimiento de San Bernardo, FAMAE, Regimiento Buin, Cárcel Pública, Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenidos, Instituto Médico Legal y Ministerio de Defensa. Ninguna de estas gestiones tuvo éxito y Domingo Bartolome Blanco Tarrés continúa desaparecido.

Los antecedentes antropomórficos de Domingo Blanco Tarrés fueron entregados en la causa 4449-AF del 22° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal en el Patio 29 del Cementerio General de personas no identificadas. En septiembre de 1991 se exhumaron 125 cuerpos desde 108 tumbas, todos ellos habían sido enterrados entre septiembre y diciembre de 1973. A fin del año 1992 se estaba a la espera de los informes del Instituto Médico Legal.

Actualidad:
Tercera 4 de Abril 2002
Identifican restos óseos en Fuerte Arteaga
La jueza Amanda Valdovinos identificó los restos de ocho detenidos desaparecidos desde el golpe militar de Augusto Pinochet, en 1973, a partir de pequeños fragmentos óseos encontrados en un foso en el Fuerte Arteaga ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Santiago.
La información difundida por radio Bío Bío indica que la individualización de las víctimas fue lograda por peritos del Servicio Médico Legal a partir de 400 pequeños fragmentos óseos que incluyeron piezas dentales.
Entre los sujetos señalados se cuentan "el ex intendente del Palacio de La Moneda, Enrique Huerta y el ex jefe del Grupo de Protección Personal del depuesto presidente Salvador Allende, Domingo Blanco", informó la radioemisora.
De acuerdo al informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, estos ocho detenidos desaparecidos se contaban en el grupo que fue tomado prisionero en el Palacio de La Moneda y desde allí llevados inicialmente al regimiento Tacna, en la zona norte de Santiago donde se les vio por última vez.
Este hallazgo se suma al caso de Juan Rivera quien figuró entre las víctimas lanzadas al mar según el informe entregado por representantes de las Fuerzas Armadas durante la Mesa de Dialogo convocada por el gobierno del ex presidente Eduardo Frei.

Primera Linea 8 de Abril 2002
Ejército negó documento "secreto" de Izurieta
En un oficio del 21 de marzo pasado, el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto Arancibia Clavel, informó al magistrado Carroza que el documento firmado por el ex comandante en jefe "no se encuentra en la institución". Sin embargo, fuentes de la subsecretaría de Guerra informaron a La Nación que el documento "es auténtico y fue ubicado en esta subsecretaría" cuando nuestro diario lo publicó el pasado 28 de febrero.
Ante esta negativa de la institución, el magistrado Carroza citó a declarar al oficial Eduardo Quiroga Jofré, quien en 1989 era teniente coronel y que hoy podría estar activo o en retiro, y que en la fecha del incendio fue enviado por Izurieta a terreno, según el documento, para verificar el detalle de los documentos siniestrados.
El incendio ocurrió el 14 de noviembre de 1989 en la Escuela de Educación Física del Ejército en La Reina, según la institución por "un atentado terrorista del Frente Manuel Rodríguez".

El magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Carroza, requirió del Ejército este documento y su anexo de dos páginas, dado que a través de su divulgación por primera vez se conoció que la cifra de estos expedientes fue de 7 mil 419, y que en el incendio no resultaron todos quemados como el Ejército informó a la Comisión Rettig cuando ésta los requirió, sino que 4 mil 673 se salvaron quedando, según el documento, 2 mil 143 "parcialmente quemados" y otros 2 mil 530 sólo "parcialmente destrozados" por acción del agua.
De esta manera, estos 4 mil 673 expedientes y sentencias habrían quedado eventualmente legibles o reconstituíbles para su conocimiento por los tribunales. Además del magistrado Carroza, otros jueces, entre ellos Juan Guzmán, y las cortes de Apelaciones y Suprema han pedido reiteradamente al Ejército algunos de estos expedientes.

El juez Carroza requiere acceder a los expedientes que quedaron legibles para verificar si entre ellos se encuentran algunos expedientes, entre éstos el de un consejo de guerra que se le habría hecho en Santiago al jefe del GAP del Presidente Salvador Allende, Domingo Blanco Tarrés ("Bruno"), quien fue detenido en La Moneda el día del golpe militar y se encuentra desaparecido.
El magistrado ha enviado ocho oficios al Ejército pidiendo información sobre el consejo de guerra 1-73, y según ha comentado ha recibido sólo "respuestas evasivas". Al conocer ahora de la existencia del documento de Izurieta, en su último oficio preguntó directamente por él, pero recibió la referida negativa de la institución.

Extrañeza y presiones
Fuentes de tribunales comentaron a nuestro diario que "parece extraña" la negativa del Ejército sobre la existencia del documento, dado que tanto las dos páginas de éste como las otras dos del anexo con el detalle del estado de los expedientes luego del incendio, tienen al pie la leyenda "Autentificación: el jefe de Sección Archivo General del Ejército, certifica que el presente documento se encuentra en custodia en este Archivo. Firma: mayor Raúl Díaz Jara".
Las mismas fuentes informaron que "han habido presiones del Ejército en tribunales para que no se siga investigando acerca de este documento". Las fuentes comentaron que el problema del Ejército es que ahora se conoce que miles de estos expedientes se salvaron y pudieran estar legibles, pero que al parecer éstos "habrían sido finalmente también destruidos".

Primera Linea 23 de Abril 2002
Exclusivos disminuyen a cuatro
En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.
Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.
Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.
En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.
La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.
Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.
Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.
En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.
En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.
En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.
En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.
En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1.

En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.
En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.
Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.
En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.

En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.
En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio